Por primera vez en más de una década, las principales formaciones políticas que se presentan a las elecciones generales de este mes de abril de 2019 llevan, en alguna medida, propuestas relativas a la memoria histórica, lo cual evidencia que, frente a lo que dicen o quieren hace ver algunas formaciones, la temática de memoria histórica es un elemento que importa e interesa a una parte importante de los españoles
Sin duda los recientes debates en los últimos meses relativos a interpretaciones o re interpretaciones de la historia por parte de determinadas formaciones y el enquistado problema de la exhumación de los restos del dictador en el Valle de los Caídos, así como el ya inevitable debate en torno a la memoria de los represaliados, la reparación y la búsqueda de la verdad de los últimos años ha provocado que las principales formaciones parlamentarias, tanto de derecha (tradicionalmente hostiles a hablar de dicho tema) como de izquierda se hayan visto obligadas a hablar clara y nítidamente y posicionarse en torno a los debates memorialistas e históricos
Aunque no todos tratan el problema de igual manera, frente a un Podemos que aborda en profundidad y con gran cantidad de medidas hasta un Vox que limita el tema a la mera derogación o la ambigüedad siempre característica en este tema de Ciudadanos, podríamos a gran escala definir dos ejes de acciones políticas con respecto a las políticas de memoria en estas elecciones; un bloque progresista, liderado por PSOE y PODEMOS que, a grandes rasgos, apuestan por profundizar o conservar y ahondar en la política de memoria histórica, reparación, verdad y justicia, y un bloque conservador, liderado por PP y VOX que se mueve entre la reforma o directamente la derogación de dichos aspectos y temáticas.
En el primer caso, como dijimos, el partido que más se compromete en estas elecciones con la memoria histórica y democrática es PODEMOS, que en su programa recoge la memoria histórica tanto a nivel nacional como específica del colectivo romaní y apuesta por;
«Revertir esto de acuerdo con los principios de los derechos humanos en torno a los ejes de verdad (poder conocer lo ocurrido), justicia (llevar a los responsables ante los tribunales), reparación de las víctimas y no repetición (garantizar que no persisten hoy elementos que siguen causando daño). Para avanzar en este camino, retiraremos las medallas concedidas a Billy el Niño y a otros torturadores del franquismo, modificaremos la Ley de Amnistía para que se puedan juzgar los crímenes de lesa humanidad del fascismo, tal como hace ineludible el derecho internacional —que se incumple ahora en España—, y anularemos los juicios del franquismo.
También declararemos nulas las condenas y sanciones de tribunales, jurados y otros órganos penales, administrativos o militares dictadas durante la guerra civil española o la dictadura por motivos políticos, ideológicos, de creencia o de orientación sexual, identidad o expresión de género. Al mismo tiempo, hay que señalar que el régimen franquista no solo fue una maquinaria autoritaria diseñada para la represión, sino que operó también como un mecanismo de saqueo y expolio hacia familias de la jerarquía franquista. Por ello, una de las claves en la reparación es auditar de los bienes expoliados por el franquismo para devolverlos a sus legítimos titulares».
Mientras que, específicamente, introduce la memoria histórica del pueblo romaní y apuesta por crear una;
«Comisión Nacional de la Memoria Histórica y la Reconciliación con el Pueblo Romaní en España. En la comisión, participarán diputados y diputadas, senadores y senadoras, personal de la Administración y personas romaníes expertas….. para la erradicación del antigitanismo, que reconocerá el impacto diferencial que tanto la realidad histórica romaní como la configuración institucional presente ejercen hoy día sobre sus derechos, y desarrollará y hará efectivo el derecho internacional con respecto al tratamiento de la población romaní, asumido por España con carácter vinculante».
En el mismo bloque, el PSOE, partido actualmente en el gobierno, autor de la famosa Ley de Memoria Histórica del año 2007 durante el gobierno socialista de Zapatero y objeto de las principales críticas por parte de los conservadores españoles apuesta, de una forma más moderada y limitada, por dar;
«Un nuevo impulso a la Ley de Memoria Histórica y a las políticas de reparación de las víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura. Siguiendo las recomendaciones de las Naciones Unidas, el Estado asumirá directamente la gestión de las políticas y actuaciones de búsqueda de la verdad, justicia y reparación a las víctimas. Aspiramos a que la Memoria Histórica se convierta en una política de Estado, como Memoria Democrática de futuro».
En el bloque contrario, encontramos a las dos principales fuerzas del bloque conservador que de una forma más abierta han criticado todo lo relacionado con la memoria histórica y democrática, y que se ha manifestado en la práctica ya con el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía salido de las pasadas elecciones autonómicas de finales del 2018 formado por el PP con los votos de Ciudadanos y VOX, que exigió ya desde la campaña electoral erradicar de una forma total y absoluta a la Ley de Memoria Histórica y Democrática aprobada por la Junta de Andalucía hace dos años, y sustituirla por una legislación de «concordia» abstracta, poco clara y aun no bien definida ni por los miembros de VOX ni por el nuevo gobierno andaluz, que ha dejado en el aire qué tipo de nueva legislación va a quedar aprobada, aunque es claro ya su firme compromiso por erradicar, al menos ya en Andalucía toda la legislación autonómica realizada ya en materia memorialista.
En este sentido el más duro de ambos es, como es evidente, el programa de VOX, que se limita a pedir la;
«Derogación inmediata de la Ley de Memoria Histórica. Ningún parlamento está legitimado para definir nuestro pasado, y menos excluyendo a los españoles que difieren de sus definiciones. No puede utilizarse el pasado para dividirnos, al contrario, hay que homenajear conjuntamente a todos los que, desde perspectivas históricas diferentes, lucharon por España».
Es decir, una política claramente punitiva y represiva limitada a derogar lo ya realizado sin apostar por una alternativa o un compromiso positivo en lo relativo a materia memorialista e histórica. Por otro lado, el PP, y en este sentido llama la atención por ser la primera vez en 40 años que dicho partido presenta propuestas y medidas en lo relativo a la memoria histórica manifiesta que;
«Aprobaremos una Ley de Concordia que derogará la Ley de Memoria Histórica. Una ley que incluya a todas las víctimas y que haga del recuerdo de los hechos históricos un alegato en favor de la libertad y la paz, la tolerancia y la convivencia, para que nunca más, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, vuelva el odio y la violencia entre españoles».
Básicamente, en la misma linea y programa que el PP andaluz de Moreno Bonilla que, sin embargo, no ha definido ni especificado en qué va a consistir esa Ley de Concordia, quien se va a beneficiar, a quien va a atender y en base a qué criterio se puede equiparar a víctimas, quienes se consideran las «otras» víctimas no republicanas cuya memoria y derechos deban ser reparados y que no lo hayan sido ya durante los 40 años del régimen franquista, y qué se piensa hacer con todo el entramado asociativo creado ya hace más de una década en este país en lo relativo a personas, asociaciones y programas locales y provinciales de recuperación de memoria, fosas, reparación de daños, búsqueda del pasado y la verdad y justicia para los represaliados.
Entre medias de ambos bloques, como decimos, un Ciudadanos cuyo programa aun no queda claro y que nunca se pronuncia con claridad y nitidez en estos temas, por su tendencia histórica a contentar a votantes de todos arcos políticos.
A pesar de ello y del interés mostrado por algunos partidos, la falta de consenso y de una acción conjunta parece que seguirá enquistado un problema, el de la memoria histórica, que no parece tener a corto plazo una solución clara por la falta de coordinación en el tema, como muy bien ha definido recientemente Alberto Reig;
«Si verdaderamente se quiere terminar con esta cuestión, dado que las víctimas de los vencedores las tienen cristianamente enterradas, beatificadas, honradas y recordadas en sepulturas dignas, la solución es bien sencilla: hacer un pacto de Estado entre todos los partidos para que no quede ni un solo español mal enterrado. Entonces acabará definitivamente la Guerra Civil».
En definitiva, y como dije en el primer artículo de la columna, en estas elecciones y por ello en el futuro próximo español que se abre con estas nuevas elecciones, se nos abren dos tipos de propuestas; frente a un bloque progresista pluripartidista que apuesta por mantener, profundizar y ahondar en la memoria histórica de los represaliados, de las víctimas y de los que han padecido por traer los derechos y libertades de los que ahora gozamos en nuestro país, se abre un bloque conservador a dos, principalmente, que se mueve entre la ambigüedad de una «concordia» abstracta e indefinida y entre, abiertamente, un ataque frontal, punitivo, represivo y combativo a todo lo relacionado con la memoria histórica y democrática y la reparación de los luchadores por las libertades colectivas.
Lo que queda claro de esta campaña es que, por primera vez en 40 años, por primera vez desde los duros años de la transición española en los años 70, la memoria histórica y democrática entra en la agenda política de las fuerzas políticas nacionales, reivindica su espacio en el debate político y parlamentario y evidencia que, al menos de momento, llega para quedarse y manifiesta claramente que el pasado, frente a lo que nos han querido decir en las últimas 8 décadas, importa y afecta a los españoles.