Esloquehay reproduce íntegramente la moción de los paraísos fiscales

El concejal no adscrito Julián Serrano presentó el pasado martes una moción -«para su debate en el Pleno del Ayuntamiento y su aprobación, si procede»- sobre los paraísos fiscales. En esa moción, Serrano instaba al Gobierno de San Sebastián de los Reyes, por una parte, a no contratar empresas que tengan filiales en paraísos fiscales y, por otra, a publicar en la revista La Plaza una lista con las empresas que tienen actualmente relación con el Ayuntamiento y de las que ya se sabe cuentan con filiales en esos territorios, como, por ejemplo, Cespa (del Grupo Ferrovial) o Acciona. La moción no llegó al Pleno porque fue retirada por la Junta de Portavoces, donde están representados todos los grupos municipales. Esloquehay ha tenido acceso a esa moción, que reproducimos, íntegramente, a continuación, para conocimiento de la ciudadanía.

Antecedentes

Según un reciente informe de la organización no gubernamental Oxfam-Intermón, todas las empresas del IBEX 35 tienen a día de hoy filiales en paraísos fiscales. Además, «desde el año 2009, esas empresas han incrementado en un 240% el número de filiales en esos países». Es decir, que, en mitad de la peor crisis económica que ha vivido España en los últimos 40 años de su historia, las grandes empresas del índice más selecto de España, el IBEX 35, han reforzado como nunca su apuesta por los paraísos fiscales. Y lo han hecho, precisamente, cuando más falta hacen esos impuestos, que podrían ayudar al país a paliar los nefastos efectos que están produciendo los recortes en la sociedad civil.

Según el Instituto Nacional de Estadística (datos de la contabilidad nacional de España), la recaudación por el Impuesto de Sociedades en 2015 es prácticamente la mitad (un 49,6% menos) de la que fue en 2007, mientras que los demás impuestos (que recaen esencialmente sobre las familias) han recuperado su capacidad recaudatoria previa a la crisis. Ni la caída de la actividad económica (-3,7% en el periodo), ni la de los beneficios empresariales (-0,8%) justifican ese -49,6%, desplome sencillamente desorbitado. Esta caída en la recaudación del Impuesto de Sociedades supone que las arcas públicas están recaudando 22.219 millones de euros menos de lo que recaudaban.

Según el presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Carlos Cruzado, «la ciudadanía española tiene que pagar entre 800 y 1.000 euros al año en impuestos por el coste del fraude fiscal». La evasión, la elusión y el fraude fiscales hurtan decenas de miles de millones de euros todos los años a los ciudadanos y ciudadanas de este país, que, simultáneamente, son víctimas de recortes millonarios en servicios básicos, como los relacionados con la dependencia o la salud. Un informe firmado en marzo de 2015 por el propio Ministerio de Hacienda señalaba que, entre 2009 y 2013 (último dato disponible), el presupuesto para Sanidad ha caído un 14%: 10.000 millones de euros.

Las administraciones públicas deben contratar empresas fiscalmente responsables. La elusión fiscal (a través de paraísos fiscales) supone un claro menoscabo del principio de ejemplaridad al que está obligada la administración, y menoscaba también la competencia justa entre empresas. Por eso, a la hora de valorar una oferta, uno de los aspectos que debe penalizar la administración en el sistema de puntuación es la presencia en paraísos fiscales. ¿Objetivos de esa penalización? Dos: que las empresas que eluden sus obligaciones fiscales aquí no obtengan contratos que costeamos los contribuyentes que sí pagamos nuestros impuestos aquí, y que las empresas fiscalmente responsables sientan reconocida su responsabilidad social.

A fin de dar respuesta a este problema, el Concejal no adscrito en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes Julián Serrano Pernas propone para su acuerdo en el Pleno Municipal, la siguiente:

Moción

• Instamos al Gobierno de San Sebastián de los Reyes a que no contrate empresas que tengan filiales en paraísos fiscales, que es algo a lo que ya se han comprometido varios municipios de Europa y España, como Palma de Mallorca, que aprobó hace un año un Código Ético cuya segunda norma se refiere precisamente a este asunto.

• Instamos al Gobierno de San Sebastián de los Reyes a que revise -con ese mismo horizonte- todos los contratos que ahora mismo tiene con empresas que cuentan con filiales en paraísos fiscales, como, por ejemplo, Cespa, Acciona o Endesa, empresas todas con las que el Ayuntamiento mantiene ahora mismo relaciones contractuales.

• Instamos al Gobierno de San Sebastián de los Reyes a que haga pública en la revista La Plaza la «Lista de las empresas contratadas por el Ayuntamiento que tienen filiales en paraísos fiscales» y a que se comprometa a no renovar contrato alguno con empresas que cuenten con filiales o presencia en paraísos fiscales.

• Instamos al Gobierno de San Sebastián de los Reyes a que trace una Hoja de Ruta hacia la Responsabilidad Fiscal, que ha de pasar –en lo inmediato- por los compromisos arriba señalados (no contratación; revisión de los contratos actuales; y publicación de la «Lista de las empresas contratadas por el Ayuntamiento que tienen filiales en paraísos fiscales») y debe concluir en la aprobación de un Código de Responsabilidad Fiscal informado por los actores independientes clave del sector, como Oxfam-Intermón o el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda.

• Instamos al Gobierno de San Sebastián de los Reyes a que solicite al próximo Gobierno y a los grupos parlamentarios que conformen el Parlamento resultante del próximo proceso electoral que impulsen una Ley contra la Evasión fiscal dentro de los primeros 100 días de legislatura.

San Sebastián de los Reyes, 14 de junio de 2016