Dentro de pocos días, los españoles y las españolas nos volvemos a enfrentar a unas Elecciones Generales. El 10 de noviembre, nuevamente, y motivado por el bloqueo político provocado por quienes nos representan, o deberían hacerlo, hace que las urnas vuelvan a buscar una solución institucional que ellos son incapaces de conseguir.
Pero esta cita no es una cita cualquiera, porque la ciudadanía se vuelve a jugar mucho, y concretamente en Sanidad Pública al elegir nuestro voto debemos reflexionar seriamente a quien se lo otorgamos, porque no todas las opciones que se presentan en estos comicios tienen en su programa una defensa nítida de este trascendental tema que afecta a todos y todas.
Muchos han sido los servicios sanitarios privatizados hasta ahora por los diferentes gobiernos nacionales y autonómicos, por los partidos que los han sustentado y los sustentan. La cuantía que ahora mueven las empresas mercantiles y especuladoras, supera ya los 30.000 millones, más del 40% del total de recursos dedicados en principio a la Sanidad Pública. Del 5,9 % del PIB actual un 70% se destina a la Sanidad Pública y un 30 % a la sanidad privada. Del Presupuesto para la Sanidad Pública más del 40 % va a las empresas especuladoras.
Los gobiernos que queremos y necesitamos, deben manifestar su voluntad explícita de recuperar progresivamente todo lo “externalizado”/privatizado: hospitales, centros y servicios de salud. Deben comprometerse ahora y cumplirlo. El dinero público es para la Sanidad Pública mediante partidas finalistas, no menores del 7% del PIB.
La primera medida del gobierno de España, tras las próximas elecciones, ha de ser blindar los servicios sanitarios públicos para evitar renovaciones por inercia de los contratos y/o nuevas concesiones y conciertos. Y por supuesto, priorizar por norma una gestión 100% pública.
Lograr una gestión 100% pública es posible e imprescindible, y para ello se debe exigir total cumplimiento, control y transparencia; desarrollar la Ley General de Sanidad 14/1986 para ir eliminando la “externalización” y establecer en paralelo mecanismos para recuperar lo privatizado. Así mismo, modificar el articulado de dicha Ley General para taponar la privatización/desviación y establecer al mismo tiempo la posibilidad de revertir lo depredado, empezando por derogar la Ley 15/97 y siguiendo con otras derogaciones.
Desprivatizar nos supone recuperar nuestros recursos para la Sanidad Pública, en trabajadoras y profesionales del sector; lo que equivale a mejorar los servicios asistenciales de salud para toda la ciudadanía.
En los casos que no sea factible una reversión inmediata, se establecerán pautas en las leyes que garanticen un exhaustivo control y cumplimiento sobre los contratos o acuerdos. Se obligará a poner en marcha mecanismos de inspección sanitaria, administrativa, fiscal y ciudadana (auditorias) que saquen a la luz todos los detalles y/o irregularidades ocultas.
Devolver al servicio sanitario público lo que se le viene arrebatando, supone hacer un uso realmente justo y eficiente de los recursos públicos, y evita seguir engordando negocios de los consejos de administración del enjambre de empresas sanitarias privadas.
Desprivatizar es empezar a sanar nuestra sanidad pública; recuperar nuestro papel de titulares de la misma; rescatar nuestro patrimonio económico en vez de nutrir especulación que es más cara y detrae recursos de profesionales y medios sanitarios. Desprivatizar es ser eficaces y eficientes, aplicar el presupuesto a salud de todos y todas, y no a la especulación financiera privada, imprescindible bajo control ciudadano.
Por tanto, por nuestra Salud, por la reversión de lo privatizado y la paralización de futuras privatizaciones, por todo ello, tu voto cuenta y mucho, reflexiona y vota en conciencia para defender tus derechos, porque la lucha en defensa de la Sanidad Pública continua….
Miguel Ángel Fernández García – Portavoz Plataforma Sanidad Pública Zona Norte