Presuntos culpables

No son pocas las ocasiones que hemos tenido conocimiento de la falta de cumplimiento de pago en nóminas, de horas extras no remuneradas, de días de descanso pendientes y un largo etcétera reclamado por personas que, aun perteneciendo a la empresa privada, prestan sus servicios en la administración pública. Uno de los reiterados daños colaterales de las privatizaciones de servicios públicos.

Un ejemplo es el caso de las trabajadoras de escuelas infantiles. Recordemos las declaraciones del Alcalde, Narciso Romero, publicadas en la revista municipal “La Plaza” en marzo de 2017 afirmando que “Además de daros las gracias, queremos que sepáis que no estáis solas y que vamos a hacer todo lo posible para que desde este momento se regularicen los pagos de vuestras nóminas”, ante el hecho de estar meses sin percibir sus salarios.

Queremos centrarnos en el contrato de “Servicio de Consejería del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes”. Un contrato que no deja de contribuir al cuestionamiento de la privatización de servicios y la consecuente precarización laboral de las personas vinculadas a dicho contrato.

Un informe municipal de enero de 2018 valoraba ejecutar este servicio con medios propios, es decir, con personal funcionario. En octubre de 2015, el actual Vicealcalde, Miguel Ángel Martín Perdiguero, en un debate plenario sobre la municipalización afirmaba: “Simplemente decir que no vamos a entrar más en debate sobre la municipalización ya que creo que tendremos muchas más ocasiones con muchos más datos. Desde Ciudadanos confiamos en los técnicos municipales, confiamos en los informes que hagan y confiaremos todos en que ustedes como Equipo de gobierno hagan caso a esos informes.”

Pero esa confianza, con Ciudadanos formando parte del gobierno municipal, ya no es tanta. Ahora el informe que justifica la privatización del servicio de conserjería dice que “el nuevo escenario político y organizativo del servicio, hacen evaluar que se acometan estas necesidades mediante contratación por capitulo II.” Es decir, mantener la privatización.

Profundizando en el análisis de los pliegos del contrato aún en vigor (CON 3/2017) y los que aún están en fase de licitación (CON 73/19) aparecen varias cuestiones que, permítannos la expresión, tiene cierto “tufillo” moral, por muy legal que se nos quiera presentar.

Por un lado nos encontramos con que la empresa que actualmente es responsable del servicio (INTEGRA MGSI CEE S.L., ) cobra 6,49€/hora. Da lo mismo que la hora trabajada sea laborable diurna, festiva o nocturna, lo dejamos en “tarifa plana”, porque la empresa ya justificó ante una posible baja temeraria en el precio ofertado en su momento que al estar el personal que realiza el servicio en posesión de certificado de discapacidad en más de un 30%, tienen bonificación de las cuotas de las seguridad social del 100%.

Entonces surge la siguiente cuestión ¿De dónde se van a obtener los beneficios que motivan a una empresa a seguir en funcionamiento cuando entran en juego los sueldos y nada más que los sueldos de las y los trabajadores?

Los contratos públicos requieren de un control que permita conocer el cumplimiento de los acuerdos firmados con las empresas. En el caso del servicio de conserjería, los partes de firmas de las y los trabajadores justifican los tiempos de entrada y salida y el cómputo de horas a facturar.

Nos quedamos estupefactos cuando la respuesta a la petición de información sobre los partes de trabajo por parte del Portavoz de Podemos Sanse, Juan Angulo, en el Pleno celebrado el día 17 de octubre, es que no se puede facilitar por protección de datos. Mucho nos tememos que con la excusa de la protección de un derecho se desprotegen otros, como es el del Concejal de Podemos a controlar la gestión municipal.

Pero no queda ahí la cosa. Cuando el Sr. Angulo pregunta por las clausulas sociales se le remite a la cláusula 21.3 del pliego, que no es otra cosa que la obligación de la empresa de cumplir la normativa vigente en materia laboral y seguridad social.

Las cláusulas sociales no son obligaciones legales, son mejoras en la relación laboral que bien podía haber incluido en los pliegos el actual Gobierno de Sanse como parte puntuable y no dejar todos los criterios de selección vinculados a la “puja económica”.

El personal de conserjería que tiene las funciones de coordinación, control de acceso, apertura diaria en información general a los ciudadanos, “no tiene vinculación laboral alguna con el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes”, tal y como recoge la cláusula 21.3 a la que el gobierno municipal llama “social”. Pero estas personas son las primeras caras que nos reciben al acudir a los edificios municipales.

¿Cómo se define el hecho de que este personal debe cubrir la necesidad ocasionada por las ausencias del personal municipal (funcionarios/as) por vacaciones, días de libre disposición, días de compensación de formación, no aplicación de la jornada de verano o cualquier otra contingencia? Parece razonable pensar en una “presunta cesión ilegal” de trabajadores/as.

Nos tememos que los informes que permiten el “criterio de órgano superior” dando la oportunidad a los responsables políticos de cumplir sus promesas no van a ponerse en práctica. Nos tememos que seguiremos viendo cómo se mira hacia otro lado ante la precarización laboral de personal más vinculado al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes de lo que nos quieran contar, convirtiéndose en “presuntos culpables”.

Belén Ochoa