Por el Derecho a Decidir

Iván Flores, uno de esos lapiceros afilados y serenos que de vez en cuando nos escriben, vuelve hoy a hablarnos de derechos humanos (y por derecho propio): discurso claro y valiente para un país de gobiernos oscuros y cobardes. Suya es – «Por el Derecho a Decidir»- esta clara mirada sobre Cataluña. 

Quien estas líneas escribe nunca ha sido partidario de suscribirse a discursos y movimientos de exaltación nacionalista, de una y otra parte, por una cuestión de principios políticos y coherencia ideológica, consciente de la función que estos pueden desempeñar como elementos tácticos de cortina de humo, sirviendo de forma rentable y eficaz a los intereses particulares -políticos y económicos- de minorías privilegiadas que detentan el poder o aspiran a hacerlo.

Y es que tenemos buenas muestras en la Historia de cómo el nacionalismo tiene la capacidad de distorsionar la realidad, sustituyendo la lucha de clases por el enfrentamiento entre distintos territorios, regiones o naciones, reemplazando la confrontación ideológica, desviando al conjunto de las izquierdas de su auténtico objetivo y lo más peligroso: apartando la atención de los verdaderos problemas, quienes los causan y son sus responsables.

Por el contrario, evidentemente, la cuestión nacionalista requiere de un análisis más riguroso, ya que también puede comprender elementos emancipatorios de carácter cultural, histórico y político que no se deben pasar por alto, y que las distintas izquierdas deben asumir y tener presentes como sustento teórico de su accionar político. Elementos que bien enfocados pueden poner al descubierto las contradicciones internas de regímenes políticos de falsa apariencia democrática.

Centrándonos en la tensa situación que se está viviendo estos días en Cataluña en relación al proceso soberanista y el referéndum convocado por la Generalitat con fecha 1 de octubre, conviene hacer mención de algunos hechos de extrema gravedad que reflejan no solo una realidad de excepcionalidad política, sino también los rígidos engranajes del régimen político de 1978:

-Prohibición por parte del Tribunal Constitucional, reunido con carácter de urgencia, de la vigencia de la ley del referéndum, la convocatoria, las normas para organizarla y la Sindicatura Electoral.

-Registros en las sedes de la empresa de mensajería Unipost para la incautación de material electoral del 1 de octubre por parte de la Guardia Civil.

-Prohibición judicial de un acto a favor del derecho a decidir en Cataluña en un espacio de titularidad municipal en Madrid.

-Interrupción por parte de la policía local de Vitoria de un acto en el que participaba la portavoz de la CUP en el Parlamento Catalán Anna Gabriel al considerarlo ilegal.

-Identificación de todos los participantes que habían acudido a un acto sobre el referéndum por parte de agentes de la Policía Nacional en Valencia, imposibilitando a su vez llevar a cabo el acto con normalidad.

-Más de 700 alcaldes citados a declarar ante la Fiscalía como investigados por su disposición a ceder locales municipales para la celebración del referéndum.

-Intervención de las cuentas de la Generalitat por parte del Gobierno central a efectos de impedir el referéndum.

Todas estas medidas y actuaciones parece que irán en aumento en los próximos días, a medida que se acerca la fecha del 1 de octubre, y dejan al descubierto el verdadero rostro del sistema constitucional español de “derechos fundamentales”.

Ante la enorme movilización social de la que estamos siendo testigos en los últimos años en Cataluña, que reclama en las calles sencillamente el derecho a poder decidir su futuro, dando un claro ejemplo de civismo, organización popular y cultura democrática, y el continuo ataque a la libertad de expresión que se le da por respuesta, esperemos no alcanzar nunca posibles escenarios represivos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o intervenciones de carácter militar amparadas en el artículo 8 de la Constitución Española, que pudieran suponer un salto cualitativo de extrema peligrosidad que no haría sino poner en aumento el clima de tensión social y política.

Escenarios que curiosamente podrían ser similares a algunos ya vividos en los últimos años en Cataluña, pero en estas ocasiones protagonizados por los Mossos d´Esquadra, dependientes directamente de la Consejería de Interior catalana, dando lugar a trágicos episodios de violencia policial para intentar detener la protesta social ante la corrupción, los recortes sociales, y la desvergüenza general de la clase política, la de allí y la de aquí.

Por parte de todos aquellos/as que nos encontramos en otros puntos del Estado, debe ser un deber cívico y político ejercer la denuncia social de estos ataques flagrantes a la libertad de expresión que afectan a una parte importante del pueblo catalán, reconociendo y respaldando su derecho -que también es nuestro- a poder decidir su futuro, y dando muestras de solidaridad como las que se vivieron el pasado domingo 17 de septiembre en el madrileño barrio de Lavapiés.

Iván Flores