Pepa Aguado del Olmo, la que fuera portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes durante 20 años, forma parte del grupo de acusados en la trama Gürtel, que se juzga en estos días en la Audiencia Nacional, que ha admitido su implicación. Una rebaja en las penas estaría detrás de este repentino arrepentimiento, según indica el periódico El País.
Pepa Aguado, conocida portavoz del Partido Popular en San Sebastián de los Reyes, fue encausada en 2017 por los posibles delitos de prevaricación, fraude a la administración y malversación de caudales públicos en relación con la adjudicación de un contrato en Arganda del Rey en 2007 a empresas de la trama Gürtel. La Sr. Aguado negaba por aquel entonces haber cometido delito alguno de corrupción como Jefa de Deportes de la Sociedad Pública de Fomento y Desarrollo Municipal de Arganda: «No tengo nada que ver, no ostentaba ningún poder allí, me limitaba a firmar aquello que se hacía, nada más», declaró a los medios de comunicación.
Toda una vida de militancia en el Partido Popular, Pepa Aguado comenzó su carrera política en 1983 siendo concejala y portavoz de PP en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, su ciudad natal, hasta el año 2003. Fue diputada nacional de 2000 a 2004, Gerente de Deportes en el municipio de Arganda del Rey entre los años 2005 y 2007, presidenta del distrito de Barajas de 2011 a 2015 y concejal del Ayuntamiento de Madrid hasta pocos meses antes de las elecciones a la Asamblea de la Comunidad de 2015, cuando pasó a formar parte de la candidatura de Cristina Cifuentes.
En 2015 se estrenó como diputada en la Asamblea de Madrid, donde realizó funciones de vicepresidenta de la comisión de estudio de la deuda, además de portavoz adjunta de la comisión de mujer y vocal en la comisión para las políticas integrales de la discapacidad.
En 2017 presentó su dimisión como diputada de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, al pasar a ser investigada en la trama de corrupción Gürtel, capitaneada por Francisco Correa.
Pepa Aguado, según indica el periódico El País, habría admitido que participó en el fraccionamiento de contratos que permitieran eludir la obligación de tramitar un expediente de contratación y someterse a los procedimientos de concurrencia pública. De esta forma se procedió a la adjudicación directa de contratos a empresas de la trama Gürtel por importe de 67.260 euros por el acto Olimpiadas Escolares de Arganda, a pesar de que ya se había abonado por el mismo concepto otras 89.000 euros.