“Me rio en vuestra cara coprófagos mugremitas, jamás me encontrareis”.
Este es el último comentario del Troll suelto de nuestro Ayuntamiento en esloquehaysanse. Realizado el 30 de abril a las 8:18 horas en la noticia que hace referencia al comienzo público de su historia.
El pasado 28 de abril Izquierda Independiente interpuso denuncia ante la policía nacional tras ser suplantada y usurpada su imagen corporativa, falseamiento de su correo electrónico e intento de asociación al nombre del que es su Director de Grupo, Juan Torres
Con independencia del curso que lleve la denuncia, existe una responsabilidad política y pública de una institución, el Ayuntamiento, cuyas instalaciones y medios han sido utilizados para la realización de los graves hechos denunciados.
Lo sucedido con este personaje, más allá de la lectura jurídica, legal, normativa, delictiva,… tiene una necesaria intervención desde la responsabilidad pública.
Se ha interpuesto denuncia ante la policía nacional que se entiende seguirá su curso legal: investigación de las autoridades policiales, remisión a un juzgado de instrucción y de ahí o el archivo de la causa, o el sobreseimiento provisional si no se identifica al supuesto responsable de los hechos, o el traslado a otro Juzgado para continuar el proceso. Esta es la parte legal, jurídica
El ejercicio de la responsabilidad pública y política tiene otra dimensión. Los hechos denunciados, que pueden atentar contra derechos fundamentales, han sido realizados desde el Ayuntamiento, y los vecino/ vecinas no elegimos directamente a jueces, ni magistrados, ni procuradores, ni abogados… pero si lo hacemos con los representantes políticos y ellos hablan y hacen por todos nosotros.
Izquierda Independiente, la organización presuntamente suplantada y usurpada forma parte del gobierno, y tiene la potestad de intervenir para dar luz a un asunto tan opaco. De hecho según declaraciones de miembros de la organización el Concejal Delegado de Nuevas Tecnologías y Portavoz de Izquierda Independiente, Rubén Holguera, ya ha puesto en conocimiento del departamento de informática los hechos.
El resto de fuerzas políticas democráticas tienen también la potestad de reaccionar, ante agresiones al ámbito de lo político, de los derechos civiles.
El pleno de la corporación en el que participan todos los grupos políticos a los que los ciudadanos dimos nuestro voto, les dijimos que actuaran en nuestro nombre, que nos representaran, también tienen potestad para decidir sobre la transparencia, y la responsabilidad de la institución pública desde la que emanan los hechos denunciados.
Sobre los hechos que dan motivo a la denuncia ya considerará a quien corresponda si son constitutivos de delito o no. Pero nuestros representantes políticos, deben prestar especial atención a unos hechos que atentan contra derechos fundamentales, contra derechos civiles y que han sido cometidos desde la institución pública, el ayuntamiento, desde su red de comunicaciones, en tiempo de ejercicio de labor pública, y sufragado por las arcas municipales que sostenemos todos los ciudadanos y ciudadanas de Sanse.
La suplantación de la identidad es la mera apropiación de los datos que identifican a quien se suplanta, pero desde el momento en que quién suplanta actúa para hacer creer que es quien dice ser, ahí se produce la usurpación de identidad. La usurpación supone un delito, recogido en el artículo 401 del código penal.
Los derechos civiles y políticos están considerados por la Declaración de los Derechos Humanos como derechos de primera generación. La suplantación de identidad supone un atentado a los derechos civiles básicos ya que viola un derecho declarado inviolable, el derecho a la propia imagen, a la propia identidad.
Es materia de gobierno y de oposición hacer valer y velar por los derechos de los ciudadanos, por tanto corresponde a este Ayuntamiento en su conjunto, a la totalidad de las organizaciones políticas que nos representan, a los que por voluntad popular y acuerdos tienen la responsabilidad de gobernar, y a quienes también por voluntad popular deben fiscalizar la labor de gobierno, el cumplimiento de los derechos y tienen el deber de elevar propuestas y demandas de los ciudadanos, depurar responsabilidades , esclarecer los hechos, practicar la transparencia y condenar practicas poco limpias en el ejercicio de la política o de la función pública.
Instamos, como ciudadanos primero y como medio de comunicación que ha sido utilizado para estas sucias prácticas, a que se articulen los mecanismos necesarios (moción, comisión de investigación, actuación directa del gobierno,…) para que cuanto antes se esclarezcan los hechos y se traslade a los habitantes del municipio la tranquilidad de que ni en sus instalaciones públicas, ni con su red de comunicaciones, ni con sus equipos, ni por parte de los trabajadores públicos se conculcarán derechos fundamentales o se utilizarán métodos que están muy alejados de lo que se le supone a la práctica política y a la función pública.