La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), realiza una campaña de recogida de firmas para llevar al Congreso de los Diputados una petición dirigida a que el Parlamento ponga en marcha una auditoria a la Seguridad Social, en base a los siguientes argumentos.
A los diputados y diputadas y grupos parlamentarios del Congreso
Existe una deuda histórica no reconocida con el sistema de reparto de nuestra Seguridad Social, en buena parte una herencia de gobiernos anteriores.
Durante decenios la Seguridad Social tuvo superávit de cotizaciones sociales que, en lugar de constituir reservas, fueron utilizados por los gobiernos de turno para financiar políticas públicas ajenas a la Seguridad Social. Desatendiendo así el respeto al patrimonio de la Seguridad Social que como señala la ley (art. 103 de la Ley General de la Seguridad Social) es un patrimonio único afecto a sus fines, distinto del patrimonio del Estado. Los recursos de la caja única de la Seguridad Social no son de ningún gobierno, de ningún partido, pertenecen a los trabajadores cotizantes.
En documentos de comparecientes en comisiones del Parlamento se afirma que “si esta utilización de las cotizaciones sociales para fines adicionales al del pago de pensiones, se hubiera acumulado,, hoy se dispondría de un Fondo de Reserva de 519.104 millones de euros”. Es decir, habría recursos más que suficientes para atender las necesidades actuales. El sistema es sostenible, y por tanto, no están justificadas las reformas de las pensiones realizadas ni las que anuncian el Banco de España, la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) o la OCDE.
Es urgente que una auditoria oficial determine el importe de esos saqueos, para reponer la sostenibilidad del sistema cuestionada por los efectos de la política de los gobiernos.
El Estado debe restituirlo. Para fortalecer así a la Seguridad Social ante los nuevos retos, pues, como se ha demostrado en la anterior crisis, sus instituciones y prestaciones han sido el soporte solido de millones de familias obreras.
¿Qué instituciones tenemos que, con recortes y reformas, basan sus ataques a la Seguridad Social en una situación creada con saqueos previos y manipulaciones contables?
La Ley General de la Seguridad Social (Art. 109) establece qué si para atender las pensiones faltan cotizaciones sociales, el Estado hará las aportaciones que sean necesarias. El incumplimiento realizado consiste en que, en lugar de aportaciones a cargo de los Presupuestos del Estado, se hacen prestamos que a lo largo de los años se acumulan en el pasivo de la Seguridad Social, y de no detenerse, llevará la falsa deuda a importes astronómicos. Así el Estado esconde su déficit en la Seguridad Social.
El sistema es sostenible, los llamados “déficit” que recorren como la pólvora los titulares de los periódicos son debidos a mala presupuestación, a imputación indebida de gastos como actualmente las exenciones de cuotas patronales de los ERTEs, a las rebajas de cotizaciones a loa empresarios y a la ausencia de reservas, o Hucha de las pensiones, por la irresponsable política de los gobiernos respecto a la Seguridad Social.
El cumplimento de la Ley es inexcusable. Deben cesar las manipulaciones contables.
Hay que acabar con los falsos déficits, falsos préstamos y falsas deudas de la Seguridad Social.
Deben aclararse las cuentas, deben derogarse las reformas de pensiones basadas en falsos datos y debe derogarse las reformas laborales, pues sin salarios dignos no habrá pensiones dignas.
Por eso, las persona abajo firmantes exigimos una auditoria pública para aclarar los aspectos señalados.
Mientras tanto, miles de pensionistas se reúnen todos los lunes en las plazas de pueblos y ciudades de toda España, para reivindicar la defensa del sistema público de pensiones