Este jueves el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes declarará empresa “non-grata” al fondo de inversión Lazora, al incumplir la anterior petición institucional de “negociar colectivamente una solución que permita a las familias arrendatarias de Juan Gris continuar en sus casas, manteniendo las condiciones justas originales de los contratos de alquiler”, iniciando los trámites para desahuciar a una familia con 2 menores y bajos ingresos.
“Lazora pone en riesgo el proyecto vital de más de 30 familias” dicen los vecinos, que han llegado a recoger más de 3.000 firmas y junto a la PAH han hecho varias concentraciones contra este fondo, que a su juicio “se ha comportado como un buitre con subidas de rentas de más del 60% acabado el periodo de protección pública”. Ahora esta falta de escrúpulos será reprobada mediante una Declaración Institucional avalada por todos los grupos políticos, que se dará traslado a la Comunidad de Madrid y a otros Ayuntamientos.
Todo un toque de atención: “Este gigante inmobiliario ha tenido similares conflictos en Parla, Rivas o Vallecas. Pretendemos llegar al centenar de bloques residenciales que gestionan en toda España, desde Barcelona hasta Sevilla, y organizar una respuesta colectiva” dice Félix Sobrino, portavoz de los y las vecinas afectadas.
De hecho, la Declaración Institucional incluye la incorporación de cláusulas sociales en las adjudicaciones de suelo y vivienda. “Esta declaración es un punto de partida, las familias necesitan soluciones. Y dado que el objeto social de Lazora es la gestión de vivienda protegida, es una obligación de los poderes públicos poner frenos a estas prácticas especuladoras” remacha Sobrino, quien reclama la aprobación de la Ley de Vivienda de la PAH en el Congreso de los Diputados «para poner coto a los fondos buitres«. Por ahora Lazora es la primera sociedad inmobiliaria declarada non-grata en España.
El inmueble afectado, situado en el número 3 de la calle Juan Gris, en el barrio de Dehesa Vieja, fue construido como viviendas de alquiler social, vendido después por la Comunidad de Madrid al grupo inversor Lazora y, tras los 10 años de protección que se estableció por acuerdo político del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes y la CAM, es hoy un inmueble de renta libre.
Lazora compró el edificio con inquilinos, personas que en su inmensa mayoría accedieron a estas viviendas por sus bajas rentas y por su condición de jóvenes o mayores. Muchos han abandonado ya sus casas, y los que resisten cuando llega el vencimiento de sus contratos están amenazados por el desahucio. Pagan 600€ de alquiler y a la renovación de sus contratos Lazora les pide 1000€ mensuales por continuar habitando sus hogares.