[En la imagen, la parcela designada para la construcción del tanatorio. En amarillo la zona edificable]
El equipo de gobierno local (PSOE+IU/Ganemos Sanse) sacó a concurso la adjudicación de una parcela para la construcción de un tanatorio que sería privado. Pese a haber dejado la deuda del municipio a cero, la Junta de Gobierno no se ha planteado que sea un servicio público. La empresa adjudicataria pagaría 16 € por metro cuadrado construido y podría hacerse con la propiedad de la parcela de suelo público dotacional en la que levantarían el centro. Aunque el pleno aprobó una moción para impedir la desafectación de los terrenos, el Gobierno maniobró para sacarlo adelante. Izquierda Independiente presenta un recurso con el que consigue que la medida se paralice.
La empresa Funeraria de Madrid obtuvo en 2017, el primer ejercicio en el que fue 100% pública, un beneficio de 4,1 millones de euros, frente a las pérdidas de 233.000 euros del año anterior, donde la gestión era privada. Un dinero que el Consistorio ha tenido disponible en el siguiente ejercicio para realizar proyectos sociales o de otro tipo. Los trabajadores de la empresa también se han visto beneficiados al mejorar sus condiciones laborales de manera sustancial.
Sin embargo el equipo de gobierno de San Sebastián de los Reyes, dirigido por Narciso Romero (PSOE) y Javier Heras (IU/Más Madrid) ha preferido dejar de lado sus supuestos ideales progresistas y preparar un contrato que desde la oposición califican de «auténtico chollo». El objeto del mismo era dotar a Sanse de un tanatorio con al menos 4 salas, crematorio y 300 columbarios. El Consistorio cedería el terreno durante 50 años prorrogables por otros 20 más a la empresa adjudicataria, que se encargaría de la construcción del complejo. A cambio, esta pagaría un canon de 16 euros por cada metro cuadrado construido, estando exenta de dicho pago durante los 3 primeros años.
Es decir, si la empresa que resultase concesionaria presentase un proyecto de tanatorio de 2.000 metros cuadrados, pagaría al Ayuntamiento la cantidad de 32.000€ anuales. Una cantidad que además se deduciría en el caso de querer adquirir la parcela en propiedad, algo que podría hacer durante los 30 primeros años de concesióm, «a precio de mercado». Esto es, el contrato llevaba implícita la posible enajenación de suelo público para beneficio de una empresa privada.
Todo ventajas para la empresa adjudicataria
Pero además el contrato excluía el espacio destinado a aparcamiento y columbarios del cálculo del cánon que la empresa debería abonar al Consistorio, por lo que el beneficio que pudiera obtener de estas actividades sería íntegro para la concesionaria. A modo de ejemplo, en el cercano Cementerio de la Paz, el precio medio de los columbarios ronda los 2.400 euros, por lo que si la empresa construyese el mínimo exigido en el contrato, se embolsaría con su venta un total de 720.000 euros.
El pliego de condiciones tampoco incluía puntuación alguna en base a criterios sociales, sino que se basaba fundamentalmente en el precio y en la posible ampliación de salas, columbarios y plazas de aparcamiento para obtener mejor puntuación. Atrás ya quedó el anuncio del gobierno de Narciso Romero y Javier Heras de incluirlos en todos sus contratos, por lo que ninguna de las empresas participantes en el concurso estaba obligada a aportar medidas para la conciliación o mejoras en el salario de sus futuros trabajadores.
La parcela en cuestión está situada en la Avenida de Pirineos, muy cerca de algunas viviendas, junto a la rotonda de la salida del kilómetro 19 de la A1, y ocupa un área de 16.085,4 m². La superficie edificable es de 5.216 m² que, multiplicado por las 3 alturas que se pueden construir en la zona, daría una edificabilidad máxima de 15.649,47 m². En el PGOU del municipio consta como suelo urbano destinado a dotación pública de equipamientos. Según la tasación municipal el valor de la parcela sería superior a los 4 millones de euros.
Posible prevaricación
En el pleno del mes de marzo el Partido Popular presentó una moción por la que pedía la paralización de la desafectación (proceso inverso a la incorporación de bienes patrimoniales al dominio público) de dichos terrenos y la construcción, no de un tanatorio, sino de un cementerio con todos los servicios y alejado del casco urbano. En su escrito el PP solicitaba que se hiciera mediante «una modalidad contractual que permita su adscripción como servicio público». Izquierda Independiente incorporó a la moción el que dicho lugar se ubicase en el Cerro Mangranillo, al otro lado de la A1, tal y como establece el PGOU en vigor, del año 2001. La moción salió adelante con los votos a favor de PP, Izquierda Independiente y Julián Serrano, y las abstenciones de Ciudadanos, Miryam Pérez e Iván Cardador.
PSOE y Ganemos Sanse(IU/Más Madrid/Junt@s por Sanse) votaron en contra y, pese a tener que acatar el contenido de la misma, maniobraron para seguir adelante con sus planes, argumentando que la decisión no era competencia del Pleno sino de la Junta de Gobierno Local. El 12 de abril el órgano de gobierno acuerda la desafectación de la parcela y el inicio del expediente de contratación para adjudicarlo a una empresa privada mediante concurso. El plazo de presentación de ofertas finalizaba el 3 de mayo, con el objetivo de que diese tiempo para resolver la adjudicación y ceder el sevicio en la última junta antes de las elecciones, a celebrar el 21 de mayo.
Sin embargo sus planes se ven trastocados por la presentación de un recurso de reposición por parte de Juan Torres, portavoz de Izquierda Independiente, el pasado 9 de mayo. En sus alegaciones Torres expone que, como dicta la Ley 57/2003, para la modernización del gobierno local, es competencia del pleno municipal «la alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público». Por tanto, ni el Alcalde ni la Junta de Gobierno podrían arrogarse esta competencia y debían subordinarse a la decisión, ya tomada, del pleno municipal.
La presentación de este recurso provocó que ayer la mesa de contratación dejase el asunto del tanatorio aparcado, ya que, de haber seguido adelante, se podrían haber enfrentado a una denuncia por presunta prevaricación. Juan Torres, portavoz y candidato de Izquierda Independiente, afirma que “no entendemos que el gobierno de Sanse pretenda modificar el uso de esta parcela pública y sacar la licitación a concurso de una manera urgente y a pocos días de que se celebren elecciones municipales. Tampoco que un gobierno que se dice defensor de lo público pretenda privatizar el futuro cementerio y los servicios funerarios de nuestra localidad. El Pleno es el órgano competente y hay que respetar las decisiones democráticas de los vecinos y vecinas de Sanse a través de sus representantes, máxime cuando se trata de servicios públicos necesarios”.
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Efectivamente, quitan los espacios libre expresión, y en Alcobendas los usan casas comerciales. Se debe regular, poner más y el que lo usé para publicidad de productos o servicios, multa o que paguen espacios para publicidad.