Se acerca de nuevo el verano y se acercan con él las carencias que Sanse tiene en las políticas sociales integradoras dirigidas a la población infantil. No es que de repente aparezcan menores con dificultades, ni familias que quieren conciliar en periodo estival y pille desprevenido al gobierno municipal de turno. Resulta más bien el fruto de la falta de previsión, y la extendida práctica política en algunas áreas, sobre todo las sociales, de acción tardía y más dolorosa de lo que nos gustaría a muchas personas.
No es menos cierto que la aprobación de leyes en materia social, que en su práctica totalidad requieren ser acompañadas de dotación económica, se ven reducidas más a una declaración de intenciones que a hechos prácticos de aplicación de derechos de la ciudadanía. Claro ejemplo lo tenemos en la Ley de Dependencia. Pero hoy hablamos de los derechos de la infancia, de la infancia de San Sebastián de los Reyes.
Sabemos que los derechos de las personas con discapacidad son legalmente reconocidos, de los menores también. Pero, ¿Qué ocurre cuando no se cuentan con los medios suficientes? En primer lugar, que se quedan vacíos los mensajes políticos y que la crispación está servida cuando las familias cuentan con menores que requieran alguna atención especial. El resultado es que acabamos corriendo de un lado para otro buscando soluciones cortoplacistas, que dejan mal sabor de boca a todas las partes.
Sanse forma parte, junto a otros 21 municipios españoles, de la Red de Infancia y Adolescencia (RIA). Adquieren con ello, como “Ayuntamientos de España que realizan buenas prácticas en materia de infancia”, el compromiso de la promoción y defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia, el desarrollo de políticas integrales a través de una atención generalizada y la priorización de acciones preventivas, además de promover acciones y proyectos que permitan la participación de niños y niñas en los ámbitos donde viven.
Los municipios de la RIA conmemoran cada año la Convención de los Derechos del Niño y la Niña de 1989. Así, en junio de 2018 recogiendo la petición de nuestros niños, niñas y adolescentes se habló del principio de protección, considerada en toda su amplitud, como así reconoce el propio Ayuntamiento de Sanse cuando afirmaba que “no debemos olvidar nunca que un niño o niña, sea cual sea su entorno familiar y social, son ciudadanía que debe poder participar en las decisiones que le afectan directamente, por tanto especialmente en aquellas supuestamente protectoras.” (https://sites.google.com/site/reddeinfanciaria/)
Desde el año 2004, Sanse también forma parte de la Red del Programa Ciudades Amigas de la Infancia, que lidera UNICEF. Este nombramiento supone un reconocimiento al Plan Local de Infancia desarrollado con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los niños y niñas, dotándolos de herramientas de participación.
De los objetivos de la iniciativa podemos resaltar los siguientes:
• Las voces, necesidades y prioridades de cada niño y niña se escuchan y se consideran en las normativas y políticas públicas, en los presupuestos y en todas las decisiones que les afectan.
• Todos los niños y niñas tienen la oportunidad de disfrutar de la vida familiar, el juego y el ocio.
Con toda esta lista de reconocimientos y derechos de la infancia parece lógico pensar que las buenas prácticas municipales están a la orden del día, pero no es así. Nos damos de bruces con la realidad de las y los menores que requieren atención especial por cualquier circunstancia. Nos encontramos con barreras que tienen que salvar como buenamente pueden los responsables técnicos de la gestión municipal, pero que son insuficientes y paliativas si valoramos el coste emocional que supone para todas las partes que entran en escena, especialmente las y los menores como merecedores de derechos ampliamente reconocidos.
Conocimos el caso de una madre a la que no le permitían inscribir a su hija al programa de los días no lectivos porque se le negaba esa posibilidad debido a requerir atención especial, hecho que demuestra una vez más las dificultades que se tienen para propiciar una integración real en los programas de ocio y tiempo libre de menores con alguna necesidad especial.
Ahora que llegan renovaciones en los cargos públicos municipales, les pedimos a los responsables de las delegaciones que empiecen desde ya a trabajar por dar forma a los derechos de la infancia, de toda la infancia, sea cual sea su condición. Que doten los programas económicamente como merecen, que no esperen a que el tiempo se agote y se vuelvan a repetir situaciones desagradables e injustas para las y los menores y sus familias.
No podemos permitir que se queden en palabras huecas los discursos políticos que no van acompañados de hechos reales y efectivos, de igualdad para todas y todos los niños, niñas y adolescentes de Sanse como parte del presente de nuestra ciudad.
Sabemos que está a nuestro alcance trabajar ahora para mejorar el futuro de las y los más pequeños. La capacidad política no debería quedarse en una mera conmemoración a los derechos de la infancia cada 20 de noviembre, aprobando declaraciones institucionales que, si no se acompaña de acciones los 364 días restantes, se quedan en meras declaraciones de intenciones que no generan más que desconfianza ciudadana de los responsables de las políticas sociales de infancia en general y de la infancia con diversidad funcional en particular.
Belén Ochoa
