En un nuevo pleno extraordinario y urgente del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, la oposición salva la propuesta económica del gobierno, con la abstención del Partido Popular. A pesar de que el Alcalde decidió no convocar la preceptiva Junta de Portavoces, previa al pleno, y de no haber dispuesto de tiempo material para el estudio de un expediente de 5 millones de euros.
Compromisos de pago, como el contraído con los Clubes Deportivos, con la empresa concesionaria de la gestión deportiva del municipio, o con la empresa de limpieza de instalaciones públicas, la construcción del pabellón deportivo del colegio Buero Vallejo o el soterramiento de contenedores en la calle real, serán algunos de los proyectos destinatarios de la inversión.
Tras dos infructuosas intentonas por parte del gobierno municipal (PSOE, Ganemos Sanse y Miryam Pérez) de aprobar el presupuesto municipal 2018 al filo de que acabe el año, el jueves 29 de noviembre el ejecutivo local logra el apoyo de Izquierda Independiente, Ciudadanos y Si Se Puede para sacar adelante proyectos y asignación económica contenidos en los presupuestos que no aprobaron hace unas semanas.
El Alcalde Narciso Romero vuelve a convocar pleno extraordinario por vía de urgencia para la aprobación de dos modificaciones de crédito, por importe de casi 5.000.000€, que les permita aprovechar el superávit del ejercicio 2017 (dinero no invertido por el gobierno el pasado año sin que tengamos razones del porqué) y sacar adelante pagos comprometidos y propuestas de inversión, recogidos en el presupuesto 2018.
Todos los grupos municipales de la oposición, menos el Partido Popular que se abstuvo, votaron a favor de la urgencia de la convocatoria y de las medidas económicas del gobierno. «Por responsabilidad», fue el principal y común argumento esgrimido para su apoyo.
«Informamos al público asistente que en aplicación del artículo 44 del reglamento no se permite la intervención del público durante el transcurso de la sesión, al igual que tampoco están permitidas las expresiones de agrado o desagrado». Con estas palabras del Acalde Presidente de S.S. de los Reyes, Narciso Romero, comenzó el pleno extraordinario y urgente del 29 de noviembre convocado en horario de mañana.
Tatiana Jimenez, concejala de Economía y Hacienda (PSOE), fue la encargada de explicar que a un mes de que acabe 2018, la liquidación presupuestaria del ejercicio 2017 arroja un superávit de 5.441.610,04€ y un remanente líquido de tesorería 15.979.734,16€. Para que esta incorporación presupuestaria entre en vigor, es decir para que el dinero no gastado en 2017 pueda invertirse en 2018, es necesario el acuerdo del ayuntamiento pleno, claro está, antes de que acabe el año.
La portavoz del PSOE y responsable del área económica afirmó que estas operaciones eran «un intento de salvar inversiones prioritarias y absolutamente necesarias, así como complementar créditos de las transferencias del servicio de deportes, lamentablemente otras posibles inversiones quedan fuera pero al menos salvamos las contenidas en el capítulo 6 del presupuesto y algunas adicionales».
Pudieron ser las prisas las que llevaron al gobierno a tener que subsanar un olvido, proponiendo al pleno el añadido de una enmienda, ya que había sido detectado un error en el expediente 58/2018, y es la Señora Jimenez quien plantea incluir un capítulo de «estudios y trabajos técnicos» para la promoción deportiva por un importe de 12.000 euros, para el estudio de viabilidad de la gestión deportiva. Se votó por unanimidad.
Rubén Holguera, portavoz de Izquierda Independiente, denunció que el expediente llegó a su grupo municipal 15 minutos antes de la comisión informativa, «un expediente de más de 4 millones de euros para modificación del presupuesto, un expediente que contiene la aplicación del superávit 2017 para inversiones en 2018». A esta falta de tiempo material para el estudio de las propuestas, se sumó, según denunció el Sr. Holguera, la no convocatoria de junta de portavoces, preceptiva previa al pleno.
Izquierda Independiente destacó el hecho de que al gobierno en 2017 le sobrara dinero, 5 millones de euros nada menos. Hace más de 8 meses que que la ley permite utilizar ese superávit, ese dinero no aprovechado en 2017 para inversiones en 2018, es decir que es un dinero con «caducidad» y «la tardanza pone en riesgo las inversiones». Su aprobación a un mes de que el año acabe, dibuja un incierto futuro para estas inversiones y compromisos de pago, y a pesar de ser exclusivamente responsable de esta incertidumbre el gobierno local, Izquierda Independiente esgrimió como principal argumento para votar a favor el ejercicio de su «responsabilidad».
«Es imposible votar contra este expediente», afirmó Iván Cardador portavoz de Si Se Puede, a pesar de manifestar sus dudas respecto a si finalmente podrán verse antes de que acabe la legislatura alguna de esta inversiones.
Ciudadanos acusó de «mala gestión» al gobierno, pero también afirmó que tocaba ser responsable por el bien de los vecinos, y apoyó las medidas
El Partido Popular responsabilizó al gobierno de «desgobierno» y de actuar con «fines electoralistas». «Un mandato dura cuatro años, y a medio año de que acabe, les entran las prisas por querer hacer cosas» afirmó su portavoz Lucía Fernández, al tiempo que anunciaba la abstención de su grupo.
Izquierda Independiente, Ciudadanos y Si Se Puede, asumen la responsabilidad no ejercida por el equipo de gobierno -PSOE, Ganemos Sanse y Miryam Pérez-, a quien le corresponde. Y se invoca siempre para este ejercicio una fuerza o bien superior, «los vecinos». ¿Pero alguien ha preguntado a los vecinos y vecinas si querían que los grupos de la oposición suplieran la irresponsabilidad del equipo de gobierno? ¿Alguien puede asegurar a los vecinos y vecinas que dichas inversiones se llevaran a efecto? ¿Alguien sabe la razón del porqué todo esto no se ha hecho antes? ¿Quién puede explicar que exista superávit en un municipio con necesidades? ¿Y qué o quién justifica que no haya habido más que un presupuesto en toda la legislatura? ¿Es responsable la aprobación de proyectos difícilmente ejecutables no ya antes de que acabe 2018, que es irrisorio, sino antes de que acabe la legislatura? ¿Alguien asumirá la responsabilidad si todo esto queda en un «bluf»? ¿Es responsable apoyar procedimientos y formas que dicen muy poco del rigor democrático esperable de una institución pública y de la actuación de su gobierno?
Muchos interrogantes ante tanta «responsabilidad».