La derecha se atrinchera en la Constitución

Y la Constitución, para empezar, no es una trinchera. Además, la política no se hace en las trincheras. Ni en los juzgados. Ni en los cuarteles. La política se hace en cada cama, en cada casa, en la calle, en todas las calles… y en los parlamentos, que es donde se sustancia. Doce jueces del Tribunal Constitucional han declarado ilegal una ley -del referéndum en Cataluña- aprobada por 72 diputados electos a los que votaron 1.957.348 personas.

Doce contra dos millones. Doce dicen que no. Y dos millones dicen que sí. Dos millones… si solo contamos los votos oficialmente recibidos en las últimas elecciones autonómicas por Junts pel Sí y la CUP. Pero, en realidad, son muchos más los ciudadanos, muchas más las ciudadanas catalanas, que quieren votar. Lo han ido revelando todas las encuestas que, a lo largo de los últimos meses, han ido viendo la luz. La encuesta del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat -realizada entre los días 6 y 21 de marzo sobre una muestra de 1.500 personas- llama particularmente la atención. Lo hace por el amplio apoyo que el referéndum unilateral suscita entre la población catalana: el 50,3% de los encuestados apoyan explícitamente su celebración, «tanto si lo quiere como si no el Gobierno español«, mientras que otro 23,3% lo apoyaría solo si contara con la aprobación del Estado. O sea, que el 73,6% de los catalanes quiere votar. Unos necesitan más garantías (el 23,3%), mientras que a otros no les hace falta el sello de Madrid. La encuesta de junio de La Vanguardia sitúa ese porcentaje en el 71,7. Todas las demás giran en torno a esos guarismos.

Los catalanes quieren decidir en un referéndum su destino. Lo dijeron con una claridad meridiana en las últimas elecciones -septiembre de 2015- los votantes, que optaron por partidos políticos que habían prometido que organizarían el referéndum si asumían tareas de gobierno. Lo han dicho otra vez esta semana los diputados representantes de esos votantes –72 sobre un total de 135 (o sea, mayoría mucho más que absoluta)- y llevan diciéndolo, indefectiblemente, una y otra vez, todas las encuestas que se han ido sucediendo a lo largo de los meses transcurridos entre las elecciones de aquel septiembre y la votación de esta semana. La mayoría absoluta de los catalanes quiere votar. La mayoría absoluta, absoluta. Sin duda.

Ahora ya solo cabe una de dos
O facilitamos ese ejercicio -el voto informado, libre y democrático- o no lo facilitamos. Lo demás es folclore. Solo folclore jurídico-político-mediático-social-y-judicial. Sí, solo cabe una de dos: o lo facilitamos o no. Porque ya sabemos -de mil maneras lo hemos constatado- que el pueblo catalán quiere votar.

La pregunta es, entonces, ¿tú de qué lado estás?
El Gobierno Rajoy, que sabía que Junts pel Sí y la CUP habían prometido en su campaña un referéndum…
el Gobierno Rajoy, que durante estos dos años ha ido comprobando -desde el burladero- cómo el Parlament y el Govern de Cataluña iban dando pasos en ese sentido…
el Gobierno Rajoy, que ha preferido leer la Constitución de 1978 en vez de las urnas de 2015 y el Parlament de 2017…
el Gobierno Rajoy… ha optado por obviar 72 diputados, o dos millones de ciudadanos, o un setentaytantos por ciento de la ciudadanía catalana…
y ha decidido atrincherarse.

Ha decidido atrincherarse y eso es, exactamente, lo que ha hecho. Se ha atrincherado en la Constitución de 1978 y desde allí está disparando amenazas mil -la Fiscalía, la Guardia Civil en la imprenta, el Tribunal de Cuentas, penas de cárcel, Cristóbal Montoro, fianzas millonarias, el Constitucional- y está disparando -Pablo Casado Blanco- tuits para sembrar el miedo (véanse algunos abajo) y filípicas -Saenz de Santamaría- «avergonzantes» contra el nacionalismo, contra el independentismo y contra todo ismo que vaya más allá de Génova (por cierto, querida Soraya, avergonzante no está registrado en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua).

Sí, amenazas mil… Y no, no es eso
Un problema político, con actores políticos, escenarios políticos y dimensiones políticas, debe ser resuelto… políticamente, con herramientas políticas. Del mismo modo que un problema en la córnea lo resuelve el oftalmólogo y uno, en las muelas, lo ataca el dentista. Sí, a problemas políticos… soluciones políticas. Y si el marco constitucional no contempla un referéndum en Cataluña… pues los políticos cambian el marco constitucional… y punto.

Porque una constitución moderna, una constitución que pretenda presentarse como custodia de la convivencia, no puede prohibir el voto de 72 diputados (amplia mayoría absoluta surgida de una consulta -las últimas elecciones autonómicas- libre y democrática); y no puede prohibir dos millones de voluntades; y no puede prohibir la opinión de un setentaytantos por ciento de la población; y no puede prohibir un referéndum con garantías. Antes al contrario, debe ampararlo y garantizarlo.

No. Una constitución moderna no puede prohibir todas esas expresiones políticas. Y si lo hace, si prohíbe votar, es que esa constitución no sirve y habrá que buscar otra. La Constitución de 1978 se puede reformar: con voluntad política PSOE y PP lo hicieron en el verano de 2011. Y si ahora mismo una consulta como esa no cabe dentro del marco constitucional… pues se reforma ese marco y ya está. Para que un pueblo pueda votar libre y democráticamente, y con todas las garantías.

¿Cuál ha sido el problema? Pues el problema ha sido que la facción más ultra de la derecha española ha decidido no enterarse de lo que estaba sucediendo en Cataluña, se ha atrincherado en un libro redactado hace cuarenta años y ahí está, efectivamente atrincherada, avergonzante, amenazante y, fundamentalmente, perpleja. Porque el discurso ultra de hace cuarenta años -y porque el Terrorismo de Estado- no acaban de funcionar en el año 2017.

La extrema derecha, la que amordaza titiriteros 
•  La extrema derecha, la que justifica tiroteos que acaban con inmigrantes muertos (El Tarajal);
•  la extrema derecha, esa que condena a tuiteras que celebran la muerte de generales franquistas pero nunca ha condenado el franquismo;
•  la extrema derecha, la que dice «ese referéndum es ilegal» y mira a otro sitio cuando la Policía Nacional descerraja una puerta y deja en la calle a una familia entera (en España se produce un desahucio -vivienda habitual- cada 47 minutos: 2.788 desahucios en 90 días, según el último dato oficial INE abril-mayo-junio);
•  la extrema derecha, la que sin vergüenza dice «España va bien» ó «España va a mejor», aunque la deuda pública nacional haya subido en cinco años 30 puntos (ahora estamos en torno al 100%);
•  la extrema derecha, la que sin vergüenza ha vaciado, en solo cinco años, la caja de la Seguridad Social, que ha perdido un 78% de sus fondos desde que el Partido Popular ganó las elecciones un 20N…
•  la extrema derecha, esa facción que no cuenta con muchos seguidores pero que sí controla ahora mismo los resortes… se ha atrincherado en la Constitución (en «su» Constitución) y está empeñada y emperrada en decir que no;
y que no es no… y que no es no… y que no es no.

Y en política -y en la vida en general- conviene tener cintura. Conviene resolver los problemas de la vista en la consulta del oftalmólogo; los de la muela del juicio, en la clínica del dentista; y los políticos… en los escenarios en los que hay sujetos políticos, representantes políticos y discursos y parlamentos políticos.

La Constitución no es una trinchera. Y, en todo caso, la política -insisto- no se hace en las trincheras. Ni en los juzgados. Ni en los cuarteles. La política se hace en cada cama, en cada casa, en la calle, en todas las calles y en los parlamentos, que es donde se sustancia. Parlamento… de parlamentar.

Un Estado que se precie de ser «de Derecho» no puede emplear el terror para mantener el statu quo. «Terrorismo de Estado, eso es lo que está empleando el Gobierno de Rajoy en el asunto de Cataluña» me dice Nuria cada que vez que hablamos de todo esto.

Nos conocimos en la Barceloneta hace ya un montón de años -me la presentó mi primo Dani-: «terrorismo de Estado, eso es lo que están haciendo estos hijos de puta», me escribía ayer por guásap. «Y luego van diciendo que somos nosotras las que lo estamos tensionando todo».

Yo no sé si es terrorismo de Estado, aunque a veces me inclino a pensar que sí: difundir el miedo para que la gente no vote; difundir el miedo para que a los funcionarios les dé miedo tramitar no sé qué trámites; difundir el miedo para que a los alcaldes les dé miedo firmar no sé qué autorizaciones; difundir el miedo con la Guardia Civil delante de una imprenta; difundir el miedo con fianzas millonarias para los políticos que más se han implicado en el proyecto; difundir el miedo con penas de cárcel; difundir el miedo con la expulsión de la Unión Europea.

Sí, yo también pienso a veces que a eso cabría calificarlo de Terrorismo de Estado: la extrema derecha tiene un libro viejo y un Tribunal viejo y una Fiscalía vieja y tienen también un miedo viejo… y con todos ellos quieren asustar a todo un pueblo. Y se equivocan. Porque calará en muchos ese miedo triste y viejo, sí. Pero… esta vez… no a los suficientes. Esta vez el Terrorismo de Estado, ese que nace en la cultura de Franco y airean todos los días a todas horas todos los medios de comunicación del régimen, no va a ser suficiente. Esta vez no. Porque el uno de octubre el pueblo catalán votará.

Lo idóneo hubiese sido que la votación fuera pactada
Sí, evidentemente, pero la idea de pacto no casa con el ideario de la extrema derecha. Y la extrema derecha se ha negado, durante dos años enteros, a darle salida a esa petición del pueblo. Y, al final, en Barcelona han roto la baraja y han dicho… «pues si tú no das el paso… el paso lo doy yo». Y la extrema derecha ha saltado entonces a la yugular -como siempre hace la extrema derecha (eso sí que sabe hacerlo)- y ha dicho: «¿veis, lo veis…? Ya os lo dijimos: esta gente no respeta nada, esta gente solo pretende imponer sus ideas para romper España, para aplastar a las minorías».

Esa era la jugada (y esa baza la han ganado), pero esta vez la partida está perdida.

Habrá referéndum. Sí, lo habrá. Aunque Rajoy haya dicho mil veces que no va a haberlo. Aunque la Santa María haya dicho lo mismo una y otra vez a lo largo de las últimas semanas. Sí, lo habrá, Soraya. Aunque luego envíes -al periodismo mamporrero nacional- la consigna de presentar ese referéndum como avergonzante consulta; aunque luego digas que no hubo garantías suficientes; aunque te desgañites insistiendo en que no es vinculante; aunque te empecines una y otra vez en decir que todo es ilegal. A pesar de todo -a tu pesar- habrá referéndum.

Porque nadie puede declarar a todo un pueblo… ilegal. Porque un Parlamento elegido libre y democráticamente no puede ser ilegal.

Sí, habrá urnas. Frente a tu Constitución del 78, frente a la Fiscalía General del Estado, frente a las amenazas de Montoro y frente a las cárceles de Carrero Blanco. Habrá urnas. Y habrá votos. Millones. La extrema derecha habrá logrado en parte su propósito -amedrentar a la ciudadanía y ralentizar el progreso de los tiempos (porque la democracia es progreso)-, pero nada más. Esta vez no podrán pararlo, como hicieron hace muchos años. 

Y, por último, la trinchera
Para empezar, quizá conviene hablar de los protagonistas: siete hombres (ninguna mujer) fueron los encargados de redactar la Constitución de 1978. Que la mitad de la población española quedase al margen de esa redacción denota una gravísima falta de sensibilidad en las cortes constituyentes (la asamblea constituyente) y/o en la “democracia” española de entonces.

En segundo lugar, el entorno, las circunstancias
Siete hombres redactan un documento en 1977 (el anteproyecto de Constitución fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el seis de enero de 1978). Y 1977 es un año de sangre. Para empezar, la de los cinco abogados de Atocha, muertos por pistoleros de la extrema derecha. Abogados los cinco, como abogados eran seis de los siete Padres de la Constitución (el único de los redactores que no lo era se llamaba Manuel Fraga y había sido consejero nacional del Movimiento y ministro de Información del régimen franquista). De Información.

Sí, Fraga, que no era licenciado en Derecho (los otros seis Padres de la Constitución sí lo eran), está en la sala de los redactores, en el escritorio de la Carta Magna. Fraga, sí, el que había sido consejero nacional del Movimiento, el que fuera ministro de Información del Gobierno de Franco (ministro de Información, sí). Allí está él y allí están los redactores, en la sala, mientras en las calles suenan los disparos. Cinco abogados muertos en Atocha. Aviso para navegantes. ¿De verdad que no les tembló el pulso siquiera un instante, siquiera un renglón?

¿De verdad que ese texto fue redactado en el mejor entorno posible?
Muchas son las virtudes de la Constitución de 1978. Y no seré yo quien las discuta. Pero, sinceramente, pocas luces tiene aquella -pocas luces tiene aquel- que crea que ese texto no es perfectible. Sí, seguro que es mejorable. Seguro que puede ser modificado de modo tal que, sin perder su esencia, dé cabida a un referéndum en Cataluña con todas las garantías. El problema es la voluntad política. No hay voluntad política suficiente -en el frente nacional españolista (PP-PSOE-Cs)- para amparar esa consulta. Y no la hay en la extrema derecha, que quiere extremarlo todo para sentirse más cómoda e impune.

Vuelvo casi al principio
Los catalanes quieren decidir en un referéndum su destino. Lo dijeron -con una claridad meridiana en las últimas elecciones, septiembre de 2015- los votantes, que optaron por partidos políticos que habían prometido que organizarían el referéndum si asumían tareas de gobierno. Lo han dicho otra vez esta semana los diputados representantes de esos votantes -72 sobre un total de 135 (o sea, mayoría mucho más que absoluta)- y llevan diciéndolo, indefectiblemente, una y otra vez, todas las encuestas que se han ido sucediendo a lo largo de los meses transcurridos entre las elecciones de aquel septiembre y la votación de este otro (dos años). Sí, la mayoría absoluta de los catalanes quiere votar. La mayoría absoluta, absoluta. Sin duda.

Ahora ya solo cabe una de dos
O facilitamos ese ejercicio -el voto informado, libre y democrático- o no lo facilitamos. La pregunta es… ¿tú de qué lado estás?

Pd.
Manuel Fraga Iribarne, el que fuera consejero nacional del Movimiento y ministro de Información del régimen franquista, fundó en 1976 Alianza Popular (germen de lo que luego sería el Partido Popular). Fraga murió en 2012. Su cargo, en ese momento, era el de presidente de honor del Partido Popular.

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Ana Baraca

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