Hoy voy a empezar a contar periodistas muertos. Porque estoy más que aburrida ya de leer periodistas muertos. Por eso, a partir de hoy, voy a empezar a escribirlos. Voy a empezar a escribirlos y voy a empezar a contarlos. Porque ya estoy harta de los que claman contra Trump -oh, dios mío, la extrema derecha-, mientras callan aquí cuando la extrema derecha -Jorge Fernández Díaz, Arsenio Fernández de Mesa, Mariano Rajoy- aprueba Leyes Mordaza. Harta de los que claman contra Trump, mientras aquí no dicen ni mu cuando encarcelan titiriteros, asaltan a ecologistas, o matan a tiros a inmigrantes. Sí, hoy voy a empezar a contar periodistas muertos.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido un comunicado de condena por el asesinato del periodista Hamilton Hernández Vásquez en Guatemala, e insta a las autoridades a actuar de manera pronta y oportuna para investigar, identificar y sancionar a los responsables, tanto materiales como intelectuales.
El pasado 6 de noviembre, los cuerpos del periodista Hamilton Hernández Vásquez y de su esposa, Ermelina Gónzalez, fueron encontrados sin vida en la carretera entre los municipios de Coatepeque y Flores Costa Cuca, en el departamento de Quetzaltenanago, Guatemala. El periodista era presentador del programa Punto Rojo de Canal 5, un canal de cable local. Los hechos habrían ocurrido después de que Hernández fuera a cubrir un evento la noche del 5 de noviembre (la Relatoría supone que, posteriormente, se encontró con su esposa). Según la información disponible, ni la familia del periodista ni sus compañeros tenían conocimiento de amenazas en su contra.
El Gobierno de Guatemala ha informado de la apertura de una investigación, pero aún no se conoce si el crimen tiene una conexión con el trabajo que desempeñaba Hamilton Hernández como periodista. La Relatoría Especial ha recibido información sobre el asesinato de otros siete periodistas en Guatemala en lo que va de año. El Gobierno también informó de que, en dichos casos, se está investigando si estos asesinatos tenían relación con el trabajo que las víctimas desarrollaban como periodistas y comunicadores sociales. Para la Relatoría Especial es fundamental que el Ejecutivo guatemalteco investigue «de forma completa, efectiva e imparcial estos crímenes, que afectan a toda la sociedad guatemalteca, esclarezca sus móviles, y determine judicialmente la relación que pudieran tener con su actividad como comunicadores».
Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte IDH se han referido al «efecto amedrentador que los crímenes contra periodistas tienen para otros y otras profesionales de los medios de comunicación, así como para los y las ciudadanas que pretenden denunciar abusos de poder o actos ilícitos de cualquier naturaleza». Este efecto amedrentador -expone la Comisión- solamente podrá evitarse “mediante la acción decisiva del Estado para castigar a quienes resulten responsables, tal como corresponde a su obligación bajo el derecho internacional y el derecho interno”.
El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión CIDH señala que “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos insta al Estado de Guatemala a seguir trabajando «en el establecimiento de un mecanismo especial de protección de periodistas que le permita enfrentar la situación estructural y grave de violencia contra los periodistas y trabajadores de medios que vive el país». En este sentido, reitera la conveniencia de contar «con el acompañamiento internacional en el diseño y funcionamiento del mecanismo, y la necesidad de garantizar la plena participación de los periodistas y la sociedad civil en este proceso».
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.
Firmado, Ana Baraca, periodista, que agradece a Periodistas en Español su labor de defensa de la profesión (la vida) de todos los periodistas. No nos callarán. Ni los discursos de la extrema derecha estadounidense. Ni las mordazas de la extrema derecha española, esa que anida -oscura- en lo más profundo del Partido Popular. No, no nos callarán. No me callaré