Desde un rincón de Sanse se envía al Gobierno de España una carta con una exigencia democrática, dar acceso a las actuales generaciones, como a las futuras, al derecho humano a la Verdad, a la Justicia y a la Reparación.
En el pleno del Congreso de los Diputados celebrado el pasado 15 de Marzo, durante la tramitación, discusión y aprobación de la Ley de Memoria Democrática, el PSOE al no contar con la mayoría necesaria optó por congelar su tramitación, al no admitir una enmienda de ERC, PNV, BNG, EHBildu, MÁS PAIS, COMPROMÍS, JUST y CUP, que proponía la derogación explícita de la Ley de Amnistía de 1977, al considerar que es el verdadero obstáculo que los tribunales españoles invocan para no investigar los crímenes del franquismo.
La Ley que ha presentado el Gobierno, tiene distintas interpretaciones por parte de los dos socios que lo componen; mientras Unidas Podemos interpreta que dicha Ley posibilita juzgar los crímenes del franquismo, el portavoz del PSOE dejó claro que con la propuesta presentada la Ley de Amnistía ni se modifica ni se deroga; con esta última interpretación también se muestran acordes los partidos políticos que presentaron la enmienda, así como las Asociaciones de Memoria Histórica. Es más, consideran que este proyecto de Ley ratifica la vigente Ley de Amnistía.
Si por medio de diversas y extrañas circunstancias el contenido de la ley tramitada el 15 de Marzo – actualmente congelada- se negociara con otras fuerzas políticas, se presentara en el Parlamento y obtuviera una mayoría suficiente, la VERDAD, JUSTICIA Y REPARACION sufrirían un serio revés, al perderse de manera casi definitiva la posibilidad de poder honrar como se merecen la memoria y la dignidad de l@s asesinad@s y represaliad@s por el franquismo. Se conocería parte de LA VERDAD, pero no se podría aplicar LA JUSTICIA NI LA REPARACIÓN.
En el informe de Amnistía Internacional sobre el cumplimiento de los Derechos Humanos (DDHH) en el mundo, periodo 2021/2022, en el capítulo dedicado a España, podemos leer:
“Las víctimas de crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo (1936-1975) siguen siendo denegados sus derechos a la verdad, justicia y reparación. Aferrándose a argumentos controvertidos como la Ley 46/1977 de Amnistía, la prescripción de los delitos o la no retroactividad de las sanciones penales desfavorable, entre otros, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial no han facilitado la investigación de esos graves abusos de derechos humanos, que incluyen tortura, ejecuciones extrajudiciales, ataques contra la población civil, persecución política, religiosa o racial, encarcelamientos arbitrarios, trabajos forzados y otros actos definidos como de crímenes contra la humanidad. Tampoco han colaborado con la justicia de Argentina, donde se han abierto investigaciones sobre estos crímenes. En el citado informe se incluye información sobre Tiempos de verdad y Justicia-Vulneración de derechos humanos en los casos de bebés robados”.
En declaraciones a la revista “El Salto” de Agosto de 2021,el Presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, manifestaba:
“El texto de la Ley de Memoria Democrática plantea desde su inicio la consigna de los defensores de la memoria histórica: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Pero habla de justicia y no va a juzgar a nadie. Habla de verdad y pretende hacer un censo de víctimas sin nombrar a los verdugos y sin hacer un censo de verdugos. Y habla de reparación pero no va a indemnizar a las familias. Se supone que asume los principios que le señalan dos informes de Naciones Unidas de 2014, pero lo que está haciendo es, dentro de esos marco de impunidad, crear algunas tareas. Nuestra sensación es la de una ley fallida otra vez.
Un Gobierno de una democracia que en vez de garantizar los derechos humanos, los subvenciona, tiene una carencia y una debilidad democrática clarísima. Y la ley no solo subvenciona (las exhumaciones), sino que canaliza unos recursos a través de los Ayuntamientos, con lo que en algunos municipios va a someter a la ideología de quien gobierne si se aplican o no los derechos humanos. Eso es otra aberración democrática. Los derechos humanos son inherentes a los seres humanos, no puede haber un alcalde que me los quite o una corporación que me diga que no, que mi abuelo está bien enterrado en una cuneta.
Para muchas de las cosas que pedimos al Estado no hace falta ninguna ley, esto es más una voluntad de quien gobierna. Si hubiera querido Pedro Sánchez, el día que llegó a la Moncloa hubiera convocado al jefe de los forenses del Ministerio de Justicia, al jefe del instituto Toxicológico, a investigadores y departamentos de historia de universidades públicas y hubieran empezado desde el minuto uno a hacerlo”.
Existen numerosas razones para decir que no se puede hablar de Justicia ni que se defienden los DDHH en el momento en que transcurridos más de 83 años desde que terminó el Golpe de Estado, después de las numerosas movilizaciones y luchas mantenidas durante todo este tiempo por los represaliados, familiares y asociaciones de Memoria Histórica para exigir una digna y humana sepultura a l@s asesinad@s por el franquismo y honrar la memoria y la dignidad de los que se mantuvieron firmes a la legalidad de la Segunda República, se pueda promulgar una Ley que no defiende los DDHH al no poder aplicarse, tal y como manifiesta Amnistía Internacional Justicia y Reparación; si esto llegara a suceder, más bien se podría hablar de una nueva condena.
Es una exigencia democrática para este Gobierno, aprobar una Ley que de una vez por todas y de manera definitiva, permita cerrar un trágico capítulo de nuestra historia, y así poder tener conocimiento y acceso A LA VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN, tanto para la actual generación como para las futuras.
Para hacerla posible, es imprescindible derogar explícitamente la Ley de Amnistía de 1.977.
Rafael Herguezabal de la Lastra
Mayo 2022
Me parece muy bien que se reivindique ésto. Y se recuerde, A TODAS LAS VÍCTIMAS.