La Organización de las Naciones Unidas, que en 1993 decidió designar el 22 de marzo Día Mundial del Agua, ha elegido este año como lema para conmemorar esta efeméride la frase “Agua y Trabajo”, dos elementos esenciales para garantizar el desarrollo de los ecosistemas y la supervivencia de la Humanidad. Con motivo de esta celebración, la Red Agua Pública -espacio que aglutina a diferentes movimientos sociales, instituciones y personas que promueven una visión del agua como bien común y servicio público- ha publicado hoy este manifiesto.
El Quinto Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático (IPCC) advierte que los cambios del régimen de precipitación debido al calentamiento global, caracterizados por una mayor variabilidad e intensidad de los fenómenos lluviosos, están alterando los sistemas hidrológicos y reducirán la disponibilidad de agua potable en cantidad y calidad, siendo especialmente vulnerables a este riesgo climático las regiones central y sur de Europa. Cerca de 700 millones de personas no tienen acceso a fuentes de agua potable, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2015).
En España, miles de personas no pueden acceder con garantías plenas al agua y se recurre a los cortes de suministro en la mayoría de los casos de impago sin buscar alternativa posible para las familias. El actual proceso de privatización que sufre nuestro país (más del 53% de la población está gestionado por empresas privadas) está ocasionando un auténtico saqueo a las rentas familiares e importantes daños ambientales. Por esta razón desde las organizaciones agrupadas en la Red Agua Pública solicitamos a las diferentes administraciones implicadas en el ciclo urbano del agua los siguientes puntos:
• Reconocimiento, desarrollo e implementación del derecho al agua como una condición inexcusable para la erradicación de la pobreza hídrica. Instar a las modificaciones legislativas pertinentes o desarrollos reglamentarios necesarios que aporten soluciones reales y efectivas a la pobreza hídrica. En este sentido resulta esencial prohibir los cortes de agua domésticos para aquellos colectivos que no pueden hacer frente a su pago, así como asegurar un abastecimiento mínimo de entre 60 y 100 litros por persona y día en caso de impago justificado económica y socialmente.
• Rescate. Crear un servicio dedicado a auxiliar a los entes locales que quieran iniciar procesos de remunicipalización del servicio del agua.
• Desarrollo de Planes de Depuración que contemplen el desarrollo de un programa de financiación público‐público. Establecimiento de acuerdos de colaboración con los operadores públicos de agua que conlleve la adopción de un plan que promueva inversiones urgentes en saneamiento y depuración para la culminación de las obras de interés de saneamiento y depuración contempladas en el Plan de Calidad de las Aguas. En el convenio se encomendará a las Sociedades Gestoras Públicas la realización de determinadas infraestructuras de depuración de interés y se determinarán las modalidades y formas de contratación de infraestructuras, así como el grado de implicación de cada una de las partes en el inicio, control y desarrollo del expediente de contratación, sin que el papel de los entes locales pueda verse reducido, de plano, a una mera subrogación en un contrato licitado por el Estado.
• Adhesión al Pacto Social por el Agua (#iniciativagua2015) en el que se definen y acuerdan los fundamentos y las reglas básicas del modelo de gestión público: transparencia, rendición de cuentas y participación social.
• Rechazo al real decreto sobre autoconsumo, una regulación eléctrica (RD 900/2015) que se ha ido retrasando durante toda la legislatura pasada y que incluye el llamado impuesto al sol. La normativa es un obstáculo al desarrollo de las energías limpias y supone una dependencia exclusiva de las reglas que nos imponen las actuales empresas eléctricas.
• Creación de un órgano de regulación que garantice un servicio eficaz, equitativo y justo. El órgano de regulación deberá tener el personal adecuado para llevar esta función y legalmente, deberá disponer la capacidad sancionadora en caso de incumplimientos de los contratos. En este sentido, nos negamos a una “teatralización” de la regulación que otros actores demandan para impedir que afloren instituciones capaces de garantizar un servicio de calidad.
• La eliminación del denominado canon concesional que permite vender el agua para enjuagar las cuentas municipales y especular con el agua.
La Red Agua Pública trabaja para lograr que el acceso al agua potable sea universal y apoya, junto a otras organizaciones sociales, la Iniciativa Ciudadana Europea “El agua es un derecho humano”, que demanda a la Comisión europea agilizar la implementación de propuestas legislativas para hacer efectivo el derecho humano al agua y al saneamiento en el conjunto de la Unión Europea y en el resto del mundo, a través de la cooperación al desarrollo. La Red anima a todas las ciudadanas y ciudadanos de Europa a reivindicar el derecho al agua enviando un mensaje de apoyo («agua un derecho humano») a info@right2water.eu para que las instituciones Europeas aceleren esta iniciativa popular.
La Red estatal Agua Pública (RAP) es un espacio que aglutina a diferentes movimientos sociales, instituciones y personas que promueven una visión del agua como bien común y servicio público. Sus objetivos son:
• Defender el ciclo integral del agua como bien público, gestionado al 100% desde el sector público, evitando su mercantilización y su conversión en objeto de lucro y de especulación, así como denunciar cuantas actividades vayan encaminadas a la privatización total o parcial de la gestión del ciclo integral del agua y de los servicios de agua y saneamiento.
• Apoyar las luchas que se están desarrollando en el Estado español contra la privatización de los servicios del agua y por la remunicipalización de los ya privatizados, analizando sus elementos comunes para establecer estrategias estatales contra dicha privatización.
• Ayudar a implantar nuevos modelos de gestión pública del agua que combinen la calidad y eficiencia del servicio, con la transparencia y la participación ciudadana.
• Coordinar los esfuerzos que se están realizando en nuestro país con el movimiento internacional contra la privatización de abastecimiento y saneamiento y por la consecución efectiva del derecho humano al agua.