La Plataforma Sanidad Pública Zona Norte se une a la campaña que promueve una Iniciativa Legislativa Popular por unos «Medicamentos a un precio justo». La transparencia en la fijación de precios y fomentar la investigación pública de medicamentos, están entre sus objetivos.
Esta iniciativa que requiere el aval de 500.000 firmas, comienza el próximo 5 de marzo entre las 10,00 y las 13,00h a las puertas del Hospital Infanta Sofía. La Plataforma extenderá la campaña hasta comienzos del mes de abril, y presentará sendas mociones a los Ayuntamientos de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes.
A continuación reproducimos íntegramente el comunicado de la Plataforma Sanidad Pública Zona Norte.
El goce del grado máximo de salud, entendida como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, es un derecho fundamental de todo ser humano, sin que quepa discriminación de ningún tipo, según establece la Constitución de la Organización Mundial de la Salud de 1946. Desde la perspectiva del Derecho Internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 incluye a la salud en su artículo 25 como parte del “derecho a un nivel de vida adecuado”. El carácter vinculante de este reconocimiento llegó de la mano del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, un instrumento que establece a través del artículo 12 “el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental” y que obliga a los Estados Partes, entre ellos España, a adoptar las medidas necesarias con el objetivo de asegurar la efectividad de este derecho.
La importancia de garantizar y fomentar los medios precisos para mantener y recuperar la salud es, por tanto, una exigencia jurídica supranacional, que también contempla el Derecho interno. La Constitución Española de 1978 consagra entre sus principios rectores de la política social y económica “el derecho a la protección de la salud”, un reconocimiento en el que pretende ahondar la presente iniciativa legislativa popular. El establecimiento de este derecho, que no goza de las máximas garantías constitucionales recogidas para los derechos fundamentales, no solo debe entenderse desde la perspectiva subjetiva individual, sino que también cuenta con una vertiente prestacional y colectiva, máxime si tenemos en cuenta la constitución de España como un Estado social y democrático de Derecho, a tenor del artículo 1.1 del Título Preliminar. En efecto, dicha mención obliga a los poderes públicos a “organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”.
Para el cumplimiento de dichos fines, el Sistema Nacional de Salud, como órgano de la Administración pública, ha de garantizar el acceso a los medicamentos a todas las personas que los requieran. El objetivo ha de ser el cumplimento efectivo del derecho a la protección de la salud, evitando problemas como la sobreutilización y el uso inapropiado de algunos fármacos en ciertas condiciones, y, simultáneamente, garantizando el sostenimiento de los servicios sanitarios públicos de calidad y promoviendo la máxima transparencia posible. Sin embargo, en los últimos años hemos asistido a un aumento continuado de los precios de los nuevos medicamentos, en muchas ocasiones con cifras muy superiores a los costes de investigación y fabricación, como ha puesto de manifiesto el caso de la hepatitis C y los antivirales de acción directa. La situación ha conllevado un importante incremento del gasto farmacéutico, poniendo en peligro la sostenibilidad del sistema e introduciendo copagos que han afectado a miles de personas limitando el acceso a determinados tratamientos. De forma paralela, también existen problemas relacionados con la opacidad sobre la inversión que realiza directa o indirectamente la Administración pública en investigación biomédica y sobre las negociaciones que mantiene con la industria farmacéutica. Además, la falta de transparencia afecta a las relaciones entre el sector privado, las organizaciones y los profesionales sanitarios con las Administraciones públicas, lo que puede dar lugar a conflictos de intereses y a posibles riesgos de sesgos que pueden perjudicar negativamente a la investigación y a la práctica clínica, y que no han sido abordados por el legislador.
Es por ello, que a instancia de diversas organizaciones y plataformas, entre las que se encuentra la Plataforma Sanidad Publica Zona Norte como colaboradora, se ha elaborado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) cuya finalidad es, por tanto, reforzar la capacidad de las administraciones sanitarias para deliberar y fijar precios justos con la máxima transparencia posible, permitiendo el acceso a los tratamientos necesarios y sin poner en riesgo el mantenimiento del sistema sanitario público. Así mismo, esta iniciativa pretende fomentar la investigación pública de medicamentos y la formación independiente de los profesionales sanitarios con la creación de un fondo, para mejorar el acceso a las innovaciones y garantizar una prescripción adecuada, evitando la sobreprescripción y contribuyendo de esta forma a reducir los efectos negativos de la medicación innecesaria. El fondo se financiaría a través de las aportaciones por volumen de ventas al Sistema Nacional de Salud previstas en el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. La iniciativa pretende de esta manera reducir los conflictos de intereses y los posibles riesgos de sesgos en medicina, regulando además la publicación de los pagos que realiza la industria farmacéutica a las organizaciones y los profesionales sanitarios, en línea con otros países de nuestro entorno.
Por todo ello, la Plataforma Sanidad Publica Zona Norte ha establecido un calendario de recogida de firmas durante el mes de marzo (5, 12, 28 y 25) y comienzos de abril (2), en el Hospital “Infanta Sofía”, entre las 10,00 y las 13,00 horas, así como ha propuesto una Moción a los dos Plenos municipales de ambas localidades, Sanse y Alcobendas, que sirva como apoyo institucional a esta Iniciativa.