VOX lleva a los Ayuntamientos una moción que pretende la implantación de una «AUTORIZACIÓN EXPRESA sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad, que puedan resultar intrusivos para la conciencia y la intimidad de nuestros hijos, de tal modo que como padre o madre pueda conocerlas y analizarlas de antemano, reflexionar sobre ellas y en base a ello dar mi consentimiento o no, para que nuestro hijo asista a dicha formación». Es lo que llaman el PIN Parental.
«Evitar que la ideología de género se siga propagándose impunemente entre los menores» es otro de sus objetivos.
El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, Alejandro Caro Manzanero, presentará esta moción en el próximo pleno ordinario del jueves 19 de septiembre.
Las reacciones en el municipio no se han hecho esperar y aquí tenemos la de Marian González, Directora del Instituto Público de Enseñanza Juan de Mairena de S.S. de los Reyes.
«Estar informados e informar verazmente son un derecho y un deber. En la actualidad, en nuestros días, ya se recaba en los centros educativos la autorización para toda actividad complementaria o extraescolar a las madres, padres y tutores legales, y en todo caso, las programaciones didácticas se elaboran siempre observando las normas y principios constitucionales, como manda el art. 1 de la LOE.
El hecho de que determinado grupo de opinión estime que algún aspecto del currículo es «controvertido» no deja de ser una mera opinión subjetiva. Si estima que contraviene los principios y valores constitucionales, debe dar cuenta, inmediatamente, a los servicios de inspección educativa, pues una de sus funciones es velar por esta garantía. Así, el art. 152 e) dice: «Velar por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en esta Ley, incluidos los destinados a fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres».No se debe someter a ningún régimen especial de autorización, ni de ninguna clase, a los contenidos curriculares simplemente porque a determinadas personas, desde su opción moral individual y privada, legítima, por otra parte, les parezca que deba ser así. Lo contrario es hurtar a los centros y al profesorado sus competencias en cuanto a la concreción del currículo (art. 129 b LOE) en el marco del servicio educativo público que prestan.Por otra parte, aludir a la libertad de elección de centro o del tipo de educación moral es una verdadera falacia, por cuanto existen normas en la Comunidad de Madrid que garantizan plenamente esos derechos. En concreto, el DECRETO 29/2013, de 11 de abril, del Consejo de Gobierno, de libertad de elección de centro escolar en la Comunidad de Madrid, y la ORDEN 1240/2013, de 17 de abril, dictada en su desarrollo.No es aceptable que se cuestionen derechos fundamentales y principios constitucionales tildándolos de «ideológicos», cuando existe un consenso, no solo estatal, sino europeo e incluso mundial sobre su reconocimiento. De hecho, sí deben seguir los centros una ideología, que no es sino la del horizonte común de los derechos humanos y libertades fundamentales, e ir contra ellos, o incluso cuestionarlos en el ámbito público, es tanto como asumir una posición «anti sistema», en contra del sistema democrático y de la convivencia. Es más, la única intolerancia que cabe en el sistema democrático de derechos, debe ser frente a quien ataca tales derechos, y más que intolerancia, se trata de una obligación ética.La pretensión de VOX, este llamado PIN Parental, rezuma desconocimiento de las competencias que los ayuntamientos tienen en el ámbito de la educación. No existe ningún “órgano competente en Educación”en el Municipio capacitado para solicitar a ningún Centro Educativo que tenga o exija ningún tipo de autorización, ni programación de las actividades de carácter complementario o extraescolar que se lleve a cabo en el mismo.Marian GonzálezDirectora IES Juan de Mairena S.S. de los Reyes»